¿Hasta cuándo Romilda?

La Jueza María Romilda Ser­vini de Cubría ha dic­tado una orden de busca y cap­tura con­tra cua­tro anti­guos miem­bros de las fuer­zas de segu­ri­dad espa­ño­las supues­ta­mente invo­lu­cra­dos en deli­tos de repre­sión que habrían sido come­ti­dos entre las déca­das de 1930 a 1970, o sea durante el franquismo.

Per­so­nal­mente, tal vez por mi con­fe­sada igno­ran­cia jurí­dica, me resulta lla­ma­tiva esta deci­sión en base a diver­sas consideraciones.

En prin­ci­pio, no ter­mino de com­pren­der el fun­da­mento del giro doc­tri­na­rio de 180º que apa­ren­te­mente hizo el dere­cho cri­mi­nal por cuanto, desde su géne­sis, esta cien­cia se basó en el hecho de que un delito sólo exis­tía a par­tir del momento en que fuese “tipi­fi­cado” esto es que una norma legal le diera sus­tento, lo defi­niera, le incor­pore modos nece­sa­rios o posi­bles de comi­sión, ate­nuan­tes y agra­van­tes, carac­ter doloso o cul­poso del autor y final­mente gra­duara la pena que corres­pon­diera a la con­ducta típica descripta.

Es decir que hasta tanto esta tipi­fi­ca­ción no adquiera el carác­ter de ley, tal delito no existe y nadie puede ser acu­sado por una con­ducta que una ley no describa.

Esa era pie­dra basal del dere­cho cri­mi­nal: Nullum crime, nulla poena sine prae­via lege.

Este prin­ci­pio admi­tía sin embargo una única excep­ción. La ley penal se podría apli­car en forma retro­ac­tiva si resul­tara favo­ra­ble al acu­sado. Es decir, por ejem­plo, que si al momento de comi­sión de un delito éste se con­de­naba con una pena deter­mi­nada y durante el pro­ceso y antes de ser con­de­nado se dic­taba una ley que modi­fi­caba la pena dis­mi­nu­yendo su rigor, la con­dena ya no podría basarse en la norma pri­mi­ge­nia, debía apli­carse retro­ac­ti­va­mente la más benigna.

El mismo sis­tema debe­ría apli­carse para el juz­ga­miento y con­dena de los deli­tos de Geno­ci­dio y Lesa Huma­ni­dad. Y si he dicho “debe­ría apli­carse” es por­que en nues­tros Tri­bu­na­les Fede­ra­les no se lo res­peta y se lo viola ale­gre­mente. Ignoro los fun­da­men­tos de tales acti­tu­des dado que de nin­gún fallo o comen­ta­rios doc­tri­na­rios he encon­trado una mínima base racio­nal — que no sea de pura e ile­gí­tima ven­ganza — sobre la jus­ti­fi­ca­ción de esta nove­dosa doc­trina criminal.

Estos “jóve­nes” deli­tos — tie­nen ape­nas 15 años de vida — fue­ron tipi­fi­ca­dos en el Esta­tuto de Roma en el año 1998 y si bien des­cri­ben con­duc­tas típi­cas que segu­ra­mente ya for­ma­ban parte de los Códi­gos Pena­les del mundo civi­li­zado, (Homi­ci­dios, tor­tu­ras, desa­pa­ri­cio­nes for­zo­sas, etc.) les incor­po­ran notas dis­tin­ti­vas como son la crea­ción de la Corte Penal Inter­na­cio­nal que es “una ins­ti­tu­ción per­ma­nente facul­tada para ejer­cer su juris­dic­ción sobre per­so­nas res­pecto de los crí­me­nes más gra­ves de tras­cen­den­cia inter­na­cio­nal” (art. 1), tam­bién su impres­crip­ti­bi­li­dad (“Artículo 29. Los crí­me­nes de la com­pe­ten­cia de la Corte no prescribirán”).

Con­forme lo que hemos dicho no hubiera hecho falta men­cio­nar en su texto comen­ta­rio alguno res­pecto de com­pe­ten­cias tem­po­ra­les, se supone que un delito “nace” al ser tipi­fi­cado y en con­se­cuen­cia con­duc­tas simi­la­res a las des­crip­tas o con­se­cuen­cias atri­bui­das care­cen de vir­tua­li­dad si hubie­ran sido come­ti­das antes de su pro­mul­ga­ción. Pero los redac­to­res del Esta­tuto segu­ra­mente enten­die­ron que tal prin­ci­pio posee una impor­tan­cia fun­da­men­tal en las rela­cio­nes jurí­di­cas y es así que, aun­que sobre­abun­dante, el artículo 11 — Com­pe­ten­cia tem­po­ral — en sus dos inci­sos advierte: “1. La Corte ten­drá com­pe­ten­cia úni­ca­mente res­pecto de crí­me­nes come­ti­dos des­pués de la entrada en vigor del pre­sente Esta­tuto. 2. Si un Estado se hace parte des­pués de su entrada en vigor, la Corte podrá ejer­cer su com­pe­ten­cia úni­ca­mente res­pecto a los crí­me­nes come­ti­dos des­pués de la entrada en vigor del pre­sente Estatuto”.

Es por tales moti­vos que no llego a com­pren­der los fun­da­men­tos que habrá tenido en cuenta la Jueza Ser­vini de Cubría para pedir la cap­tura de los ciu­da­da­nos espa­ño­les acu­sán­do­los de crí­me­nes come­ti­dos antes de la entrada en vigen­cia del Esta­tuto de Roma, es decir suje­tos a las leyes pena­les espa­ño­las de aque­llos años y en con­se­cuen­cia prescriptibles.

La doc­trina es uná­nime al con­si­de­rar a la pres­crip­cion como un límite tem­po­ral al ejer­ci­cio del Poder Penal del Estado (Alberto Bin­der, “Pres­crip­ción de la Acción Penal: El indes­ci­fra­ble enigma de la secuela del jui­cio” Doc­trina Penal. Año 13. nº 49/52), tam­bién la juris­pru­den­cia aportó su posi­ción a tra­vés de la Corte Suprema de Jus­ti­cia de la Nación que ha hecho pre­va­le­cer esta garan­tía en nume­ro­sos casos (cfr. “Mat­tei” (4), “Moz­zatti” (5) y otros).

Y final­mente el pro­pio Código Penal Espa­ñol, en su artículo 131, fija el plazo de 20 años para la pres­crip­ciòn de los deli­tos de mayor gra­ve­dad. Ven­cido el mismo no hay posi­bi­li­dad de juz­gar delito alguno, sea cual fuere su tipi­fi­ca­ción y su pena; pasa­dos veinte años habrá prescripto.

Enton­ces, habiendo trans­cu­rrido más de medio siglo desde la comi­sión de los hechos impu­tados, me pre­gunto: ¿Con qué ele­men­tos de prueba con­tará doña Romilda? Sabe­mos que uno de ellos, tal vez el fun­da­men­tal, es el tes­ti­mo­nio del ex Juez Bal­ta­zar Gar­zón, quien acu­sado en su país de pre­va­ri­ca­dor serial ha sen­tado sus reales en nues­tro suelo y reci­bido con los bra­zos y bol­si­llos abier­tos por nues­tras auto­ri­da­des. Es decir que influye para que se desa­rro­lle en nues­tro país un jui­cio que ten­drá con­se­cuen­cias en su patria, siendo que fue expul­sado de la judi­ca­tura espa­ñola jus­ta­mente por pre­ten­der impulsarlo.

Y final­mente se me ocu­rre que esta extraña acti­tud voca­cio­nal de nues­tra jueza supera amplia­mente su actua­ción mediá­tica de cuando intentó sin éxito amor­da­zar al que­rido Tato Bores, prohi­biendo la emi­sión de su pro­grama, en una clara mues­tra de su espí­ritu demo­crá­tico. Pero en este caso las con­se­cuen­cias pue­den ser más que un cari­ñoso tirón de ore­jas como le suce­dió durante el Mene­mato. Hoy las que están en juego son las rela­cio­nes inter­na­cio­na­les. El mismo Esta­tuto de Roma esta­blece en su preám­bulo: “DES­TA­CANDO: En este con­texto que nada de lo dis­puesto en el pre­sente Esta­tuto deberá enten­derse en el sen­tido de que auto­rice a un Estado Parte a inter­ve­nir en una situa­ción de con­flicto armado o en los asun­tos inter­nos de otro Estado.”

Y si los preám­bu­los de los actos cons­ti­tu­yen­tes expli­can la médula, el fun­da­mento gené­tico de lo resuelto, esta men­ción es de fun­da­men­tal impor­tan­cia. Nues­tra jus­ti­cia está inter­vi­niendo en asun­tos inter­nos de otro Estado. Está inten­tando juz­gar hechos que al pro­pio Estado en el cual suce­die­ron no le interesa juzgar.

Prác­ti­ca­mente son excep­ción aque­llos esta­dos que, en las últi­mas déca­das, no hayan sufrido con­flic­tos inter­nos, con mayo­res o meno­res derra­ma­mien­tos de san­gre, de luchas entre her­ma­nos, de per­se­cu­cio­nes, de ven­gan­zas. Pero tam­bién es cierto que una gran mayo­ría de ellos alcanzó la paz con mucho sacri­fi­cio y la con­cor­dia y her­man­dad han vuelto a ser el sen­ti­miento gene­ra­li­zado echando un manto de pie­dad y per­dón al pasado.

Resulta repug­nante a la con­di­ción humana inten­tar revi­vir anti­guos enfren­ta­mien­tos que a nadie intere­san, menos aún inten­tarlo en casa ajena, eso es lo que pre­tende nues­tra Jueza. ¿Y mañana qué? ¿Algún tupa­maro la ase­so­rará para pedir la cap­tura de ciu­da­da­nos uru­gua­yos por hechos ya pres­crip­tos y supe­ra­dos por nues­tros her­ma­nos? ¿O algún inte­grante del Sen­dero Lumi­noso le susu­rrará al oído con simi­la­res obje­ti­vos lle­vando a nues­tra heroína a des­an­dar la que­brada de Humahuaca tran­si­tando el camino del Inca a la cap­tura de “repre­so­res peruanos”?

Nues­tros veci­nos, con mucho esfuerzo, han alcan­zado la paz reco­no­ciendo los erro­res de ambos ban­dos, sin per­se­cu­cio­nes, sin ven­gan­zas, sólo mirando al frente y dando ejem­plos de civismo y her­man­dad. Mire­mos de una vez por todas sus logros y saque­mos conclusiones.

Autor: Juan Manuel Otero

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