Estado y delito

Habrá exa­ge­rado el pero­nista disi­dente Fran­cisco de Nar­váez cuando dijo que “la pro­vin­cia de Bue­nos Aires está con­tro­lada por las mafias”, acu­sando así al gober­na­dor Daniel Scioli de ser ya él mismo un capo, ya un títere en manos de delin­cuen­tes, pero son muchos los bonae­ren­ses que sien­ten que en los años últi­mos ha aumen­tado el poder del cri­men orga­ni­zado sin que las auto­ri­da­des hayan sabido hacerle frente. Por cierto De Nar­váez no es el único con­ven­cido de que, para “las mafias”, la pro­vin­cia más poblada del país es una inmensa zona liberada.

Otros, entre ellos legis­la­do­res, atri­bu­yen la situa­ción que se da en la juris­dic­ción a la con­vi­ven­cia, para no decir la com­pli­ci­dad, de sec­to­res poli­cia­les, judi­cia­les, de la poli­cía, peni­ten­cia­rios y, desde luego, polí­ti­cos con los delin­cuen­tes más pode­ro­sos y, claro está, más peli­gro­sos. Aun­que hasta ahora nadie ha pre­sen­tado prue­bas irre­fu­ta­bles de tales denun­cias, que dis­tan de ser nue­vas, el que tan­tos hayan sos­pe­chado que detrás de los auto­res de deli­tos como el secues­tro y ase­si­nato de Can­dela Rodrí­guez estén per­so­nas estre­cha­mente vin­cu­la­das con el Estado pro­vin­cial o nacio­nal es de por sí alar­mante, ya que con­tri­buye a difun­dir la sen­sa­ción de que la ciu­da­da­nía está inde­fensa frente a una coa­li­ción sinies­tra de delin­cuen­tes que han con­se­guido infil­trar todos los orga­nis­mos de seguridad.

Luego de un inter­valo breve en que casi todos se afir­ma­ban con­tra­rios a la poli­ti­za­ción de la muerte de Can­dela, diri­gen­tes opo­si­to­res están pro­cu­rando apro­ve­char la con­mo­ción cau­sada por el des­cu­bri­miento del cadá­ver de la víc­tima del delito más impac­tante de los tiem­pos últi­mos. Según el socia­lista san­ta­fe­sino Her­mes Bin­ner, el homi­ci­dio es “sólo la punta del ice­berg de una socie­dad vio­lenta y exclu­yente. Es la otra Argen­tina que pre­tende ocul­tar el dis­curso ofi­cial”. Ten­drá razón el can­di­dato pre­si­den­cial, pero a esta altura no sirve para mucho pro­tes­tar con­tra la pro­pen­sión com­pren­si­ble del gobierno kir­ch­ne­rista a mini­mi­zar las dimen­sio­nes del desa­fío plan­teado por la vio­len­cia delic­tiva y por las lacras socia­les, dando a enten­der así que en su opi­nión lo suce­dido se debe a la negli­gen­cia gubernamental.

Para defen­derse, miem­bros del gobierno nacio­nal se han puesto a ale­jarse del man­da­ta­rio bonae­rense que, lo mismo que sus ante­ce­so­res en el cargo, parece haber fra­ca­sado en sus inten­tos de refor­mar la poli­cía pro­vin­cial para que merezca la con­fianza de la ciu­da­da­nía. Des­gra­cia­da­mente para Scioli, tiene que ope­rar con la fuerza poli­cial exis­tente a sabien­das de que un esfuerzo dema­siado vigo­roso por mejo­rarla podría tener con­se­cuen­cias trá­gi­cas al desatar la resis­ten­cia de aque­llos efec­ti­vos que tie­nen bue­nos moti­vos para temer ter­mi­nar entre rejas. Se trata del mismo dilema que enfren­ta­ron, sin éxito, Eduardo Duhalde y Felipe Solá.

Frente al caso de Can­dela se bara­jan varias teo­rías. De resul­tar que, como pare­cen sos­pe­char los inves­ti­ga­do­res, fue cues­tión de un cri­men per­pe­trado por un miem­bro de su entorno fami­liar, las impli­ca­cio­nes socio­po­lí­ti­cas serían meno­res, pero si se tra­tara de un ajuste de cuen­tas entre “mafias” habi­tua­das a la impu­ni­dad, se jus­ti­fi­ca­ría ple­na­mente el temor de quie­nes lo ven como “la punta del ice­berg”, para citar a Bin­ner. Por lo demás, de estar en lo cierto los muchos que creen que la corrup­ción ya ruti­na­ria y la trans­for­ma­ción de la Argen­tina de un “país de trán­sito” de la droga en uno de con­sumo cre­ciente en que nar­co­tra­fi­can­tes se mue­ven a sus anchas, com­bi­na­das con la exis­ten­cia de sec­to­res cada vez más amplios de la pobla­ción que viven en con­di­cio­nes cali­fi­ca­das de infra­hu­ma­nas, ame­na­zan la inte­gri­dad del Estado nacio­nal, no alcan­za­rán las medi­das pre­vis­tas por la minis­tra de Segu­ri­dad, Nilda Garré, que quiere crear una ver­sión local del FBI esta­dou­ni­dense para luchar con­tra el cri­men orga­ni­zado, ya que tam­bién será pre­ciso hacer cuanto resulte nece­sa­rio para con­ven­cer a la ciu­da­da­nía de que el Estado no se siente cons­tre­ñido a pac­tar con el poder mafioso. De echar raí­ces la tesis de polí­ti­cos opo­si­to­res como Bin­ner –según el que en la socie­dad se ha ins­ta­lado la con­vic­ción de que la “hones­ti­dad es nego­cia­ble” y por lo tanto “la impu­ni­dad es posi­ble”, de que la delin­cuen­cia de arriba esté agra­vando la de abajo–, el futuro del país sería mucho peor que el presente.

Fuente: Diario Rio Negro

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